Civilizar la seguridad
Este blog pretende servir como espacio de reflexión sobre la seguridad, sus actores, prácticas y políticas. En nuestro país la seguridad es un tema omnipresente y al mismo tiempo ausente. Omnipresente porque subyace en muchas de las discusiones políticas y prácticas de numerosos actores institucionales y sociales. Ausente porque la reflexión pausada, civil y democrática sobre estas cuestiones a menudo brilla por su ausencia.
Este es un ámbito en el que hemos asistido a cambios muy relevantes en las últimas décadas. David Garland (2005) en La cultura del control inauguró un género orientado a discernir y tratar de comprender las distintas patologías y cambios en el ámbito del control penal y de las políticas y prácticas de seguridad coincidentes con el giro neoliberal (aunque Garland bien se cuida de usar dicho término). Otras monografías en dicha línea, también traducidas al castellano, pero desde otros ángulos incluyen Gobernar a través del delito de Jonathan Simon (2012) o Las cárceles de la miseria de Loic Wacquant (2001), o el trabajo de nuestro compañero Ignacio González (2021) sobre Neoliberalismo y Castigo, centrado en el caso español.
En esta primera entrada de este blog queremos invitaros a familiarizaros con otro trabajo, menos conocido en nuestro país y aún sin traducir - Civilizing security (Loader y Walker (2007)) – que, al margen de ser una reflexión sobre el estado de la cuestión en este ámbito, también hace proposiciones sobre como orientarnos de cara al futuro. No pretende ser solamente un trabajo de análisis sociológico, sino también de filosofía política aplicada al ámbito específico de la seguridad. Demanda, en ese sentido, algo más del lector, pero también aporta propuestas útiles para quienes nos interesa la política criminal y la transferencia de conocimiento. Es un libro que para Peter Grabosky (2008) es inmensamente ambicioso e impresionante y para Peter Manning (2008) fundamental para entender la función policial y la seguridad desde una perspectiva democrática.
El punto de partida de Loader y Walker (2007, 7) es que la seguridad es un “bien público valioso”, que consideran ingrediente constitutivo de una buena sociedad y que el Estado democrático tiene un papel necesario y virtuoso en la producción de este bien. Es, en este sentido, que consideran que el Estado tiene un papel clave en el proyecto de civilizar la seguridad.
Para ellos, esta frase invoca dos ideas. La primera es que la seguridad ha de ser civilizada. Como señalan:
“Los Estados, incluso aquellos que afirman con cierta justificación ser «liberales» o «democráticos», tienen la capacidad, cuando persiguen conscientemente una condición llamada «seguridad», de actuar de una manera perjudicial para ella… Actúan de manera que pisotean las libertades básicas de los ciudadanos; que forjan la seguridad para algunos grupos mientras imponen cargas ilegítimas de inseguridad a otros, o que extienden el alcance coercitivo del Estado —y el discurso de la seguridad— sobre la vida social y política. Como poseedores del monopolio de los medios de violencia física y simbólica legítima, los Estados modernos poseen una tendencia inherente y paradójica a socavar las mismas libertades y la seguridad que se han constituido para proteger.” (Loader y Walker 2007, 7).
Por tanto, si el Estado ha de jugar un papel clave en la promoción de la seguridad, “el propio Estado debe ser civilizado, hecho seguro para y gracias a la democracia.” (Loader y Walker 2007, 7).
La segunda es que la seguridad es civilizadora, que es un presupuesto esencial para el funcionamiento adecuado de la democracia en al menos dos sentidos. El primero es que ciudadanos que viven en condiciones objetivas o subjetivas generadoras de ansiedad no suelen ser buenos ciudadanos democráticos. Pero también en el sentido de que la seguridad es
“en un sentido sociológico un bien público «denso», cuya producción tiene dimensiones sociales irreductibles, un bien que ayuda a constituir la idea misma de lo público. La seguridad, en otras palabras, es simultáneamente la productora y el producto de formas de confianza y solidaridad abstracta entre íntimos y extraños que son un requisito previo para las comunidades políticas democráticas.” (Loader y Walker 2007, 8).
Para Loader y Walker, por tanto, la seguridad está implicada en la constitución misma de lo “social” o lo “público”. Esto implicaría tanto factores instrumentales (resolver problemas de acción colectiva) como factores afectivos (generar un “sentimiento de nosotros” o “we-feeling”, una identidad compartida y solidaridad). La seguridad civilizada debe basarse en la interacción, la confianza, la preocupación mutua y el compromiso con el bien común colectivo. Para ellos, hay una reflexividad en este proceso: las colectividades sociales aprenden y se adaptan a través de su compromiso con la seguridad, fomentando la apreciación mutua de la vulnerabilidad. Como observa Manning (2008, 243), para Loader y Walker, “sentirse seguro implica preocuparse por la seguridad de los demás y el consentimiento mutuo al respecto, una especie de idea contractualista moderna.”
Los autores luego delinean tres respuestas anticipadas a su ambición de “civilizar la seguridad”, antes de proponer su propia posición:
La respuesta del “lobby de la seguridad”: Esta perspectiva considera la seguridad como un “bien humano incuestionable” y su protección como la función principal del gobierno, sirviendo como una condición previa para los derechos y libertades en lugar de algo que deba ser equilibrado con ellos. Sin embargo, los autores argumentan que esta visión pasa por alto la naturaleza paradójica del poder estatal, donde su concentración coercitiva puede ser tanto un garante como una amenaza para la seguridad individual. Este lobby a menudo utiliza “movimientos securitizadores” para enmarcar problemas como el crimen o el terror como “amenazas existenciales” que exigen “medidas inmediatas, decisivas y especiales”, sacándolas así de la política democrática normal. Esto puede llevar a que la seguridad se vuelva “omnipresente”, dependiendo de la autoridad ejecutiva visible y el poder policial, en lugar de lograr una seguridad “axiomática”.
La respuesta de los “estudios críticos de seguridad”: Enraizada en un “liberalismo del miedo”, esta visión enfatiza el potencial del Estado para dañar a individuos “débiles” a través de su poder coercitivo. Críticamente, postula que la seguridad está “irremediablemente contaminada por su origen policial/militar” y es fundamentalmente incompatible con la política democrática, a menudo produciendo imágenes de inseguridad y fomentando identidades xenófobas. Esta postura sugiere que el concepto de seguridad debería ser abandonado por completo.
La respuesta del “lobby de la seguridad humana”: Esta posición reconoce la tensión entre seguridad y libertad, pero busca “civilizar la seguridad” ampliando su alcance más allá de las preocupaciones policiales para abarcar otros ámbitos sociales y políticos, como la seguridad “humana” o “global”. Aunque busca ampliar el discurso, los autores advierten que este enfoque corre el riesgo de “convertir toda la política en política de seguridad” y, por lo tanto, descuidar las luchas específicas dentro de la política de seguridad contemporánea.
En lugar de estos enfoques, los autores proponen reconceptualizar la seguridad como un “bien público modestamente concebido pero aún así ‘denso’”. Su objetivo es fomentar una reflexión constructiva sobre la relación entre la seguridad y la comunidad política. Esto implica un “acto de recuperación” para desvelar el “ideal superior” detrás de las prácticas de seguridad.
En los capítulos siguientes comienzan a desarrollar su argumento, primero diseccionando las críticas sobre el Estado moderno, y posteriormente precisando aún más lo que entienden como el bien público de la seguridad, en el capítulo 6, y cuales son las funciones que el necesario papel “virtuoso” del Estado implica en su protección, en el 7. El capítulo 4 puede ser particularmente interesante para estudiosos de la policía al desorrallar en él los autores de que forma el mandato policial está vinculado a la autoridad y poder estatal.
Pero me interesa detenernos en el capítulo 8 titulado “el gobierno democrático de la seguridad” pues es el que (1) de forma más precisa hace diagnóstico de las patologías de las políticas y prácticas de seguridad contemporaneas que se derivan de los vicios conocidos del Estado analizados en capítulos anteriores y (2) describe la “política criminal” que se deriva de estas propuestas. Es aquí donde proponen mecanismos para “civilizar la seguridad”, aprovechando las virtudes del Estado y minimizando sus deficiencias para fomentar una seguridad más “axiomática” (el capítulo 9 extiende este marco al orden internacional, dado el contexto de colaboración global en lo securitario).
Para Loader y Walker (2007) habría cuatro patologías principales que prevalecen en la práctica de la seguridad moderna:
- Paternalismo: Se refiere al auge de las instituciones burocráticas, expertas y profesionales en la seguridad. Incluyen aquí ciertos esfuerzos en crear autoridades profesionales independientes y aislados de las presiones públicas y políticas, pero también las soluciones tenocráticas de prevención y control del delito. Aunque bien intencionado, el paternalismo puede conducir a la opacidad y a una autoreproducción de las prioridades profesionales que no siempre coinciden con los intereses de los ciudadanos.
- Consumismo: En este contexto se refieren a como el Estado se redefine como un “Estado de servicio” que aspira a satisfacer las demandas de orden de los ciudadanos. Se refieren a la inserción de la logica del mercado en el funcionamiento del Estado. Esta tendencia invierte la lógica del paternalismo, donde el “consumidor” es quien “sabe más”. Sin embargo, se enfrenta a la limitación de recursos finitos para dar respuesta a estas demandas, la existencia de visiones de seguridad contrapuestas entre distintos grupos sociales y el hecho de que a menudo ignora los intereses de los sectores más marginalizados y que suelen ser sujetos al control coercitivo y vigilante del estado.
- Autoritarismo: Surgiría de la “pasión por el autoritarismo” en la población, impulsada por la ansiedad y el miedo, lo que lleva a demandas de una acción estatal firme y decisiva. Es una pulsión que conduce a la supresión de los derechos individuales y el pluralismo, a menudo a través de procesos de “securitización”.
- Fragmentación: Se manifiesta por la debilidad o ausencia de la autoridad estatal, lo que lleva a la fractura de la sociedad en “mercados y tribus”. Esto puede generar prácticas de seguridad antisociales por parte de grupos privilegiados y un descuido del interés público, amenazando la capacidad colectiva para fines comunes, incluida la seguridad.
¿Cómo podemos reconfigurar la autoridad política del Estado para hacer frente a estas patologías? En su segunda parte, el capítulo 8 propone el desarrollo de una matrix institucional articulada en torno a cuatro principios, las “cuatro Rs”, para una práctica de seguridad civilizadora y democrática.
Los ejes de esta matrix serían:
Recursos (Resources). Se parte de que el Estado tiene un papel único en la movilización y distribución de fondos colectivos para la seguridad. En ese sentido, debe reconocer la naturaleza finita de los recursos y la necesidad de establecer prioridades entre diferentes estilos de policía, medidas preventivas o políticas públicas más amplias. Para los autores, el papel del Estado es insistir en explicar los límites impuestos por las restricciones de recursos, redirigiendo las demandas emocionales hacia una deliberación reflexiva sobre cómo se puede promover mejor la seguridad para todos. Así, debe resaltar y hacer públicos los compromisos de valor que implican las diferentes opciones y actuar como intermediario para la difusión de conocimientos fiables sobre la eficacia de las medidas. Para evitar las patologias descritas, consideran que es crucial protegerse contra la asignación de recursos basada en cálculos profesionales sin control o en intereses faccionales, y evitar la reproducción de desigualdades en el acceso a la seguridad generadas por el mercado. E igualmente defienden que el Estado debe tomar conciencia de las profundas inequidades en la provisión de seguridad (por ejemplo, prácticas de seguridad comercial o disparidades de capital económico y social) y desplegar recursos colectivos para reforzar a las comunidades desfavorecidas. Para ello consideran que se necesitan marcos regulatorios que pongan coto a los cálculos particularistas o con fines de lucro de los agentes y agencias privados para fomentar una práctica de seguridad más solidaria.
Reconocimiento (Recognition). Para Loader y Walker (2007) esto implica fomentar la deliberación democrática rutinaria entre todos los afectados por las decisiones de seguridad. El valor de esta propuesta radicaría en reconocer la importancia de los arreglos institucionales que permiten que “las voces significativamente diferentes en la sociedad se expresen de una manera que otros tengan que escuchar y honrar”. Este eje es esencial para evitar que los actores de seguridad (estatales y no estatales) ignoren prematura e ilegítimamente los intereses e ideas de aquellos con un interés legítimo. Por otro lado, Loader y Walker proponen que el reconocimiento de todas las partes contribuye a reducir la tendencia del Estado hacia la “idiotez” (a la que dedican el capítulo 5) al facilitar la obtención de información social necesaria para sus propósitos. ¿Cómo podría generarse ese reconocimiento? Los mecanismos incluyen procesos electorales para conformar organos de gobernanza de la policía, consultas públicas (presenciales y virtuales), procedimientos que garanticen la representación de grupos desfavorecidos, paneles ciudadanos y jurados, y el respeto por los métodos de comunicación de cada grupo. De lo que se trataría es de promover una sensación de pertenencia confiada que permita a los ciudadanos elevar su umbral para manejar la ansiedad y vivir seguros con el riesgo.
Derechos (Rights). Aquí Loader y Walker (2007) insisten en que estos son un ingrediente vital de una práctica de seguridad civilizadora, no la otra parte de un “zero-sum game” en relación con la seguridad. Los derechos sirven, por un lado, para controlar las capacidades coercitivas del Estado al garantizar las libertades civiles y políticas básicas (expresión, asociación, prensa, privacidad, juicio justo). Ofrecen también protecciones “contramayoritarias”, especialmente para minorías impopulares, cuyos intereses el Estado podría verse tentado a ignorar en nombre de la seguridad. E, igualmente, proporcionan garantías legales contra la tiranía local o el poder comercial desbocado. Pero, los derechos no son solo límites, sino que para Loader y Walker son una condición previa y una restricción para la práctica del reconocimiento, asegurando una libertad privada que permite a los ciudadanos participar con confianza en los procesos políticos democráticos, y previniendo que las decisiones democráticas socaven los derechos fundamentales. En ese sentido, simbolizan el tipo de comunidad afectiva inclusiva y segura que el Estado democrático moderno aspira a ser. La afirmación clave es que “los derechos son para la seguridad”.
Razones (Reasons). Este eje exige que las demandas planteadas en los foros de deliberación pública sean cuestionadas, escrutadas y defendidas/revisadas en un proceso que identifique qué reclamos de seguridad están orientados al interés común. Su propósito es desarticular y abrir a la negociación las demandas y las identidades en el diálogo público sobre seguridad, negándose a tratar las preferencias no razonadas o las demandas emocionales como realidades fijas. Por el contrario, se debe alentar a las partes afectadas a comprender sus identidades y preocupaciones en relación con las de los demás y con las cargas de inseguridad que puedan imponer. La inclusión de este cuarto eje fomenta que los participantes escuchen y traten de comprender las demandas de otros, así como las de los profesionales y burocracias de seguridad pública, lo que debería llevar a revisar y reformular las demandas utilizando criterios “cooperativamente admisibles”. El objetivo final es fomentar el reconocimiento de las vulnerabilidades mutuas y la interconexión social, generando resultados que sostengan una vida democrática común y un sentido de lo público indispensable para la pertenencia segura de todos los ciudadanos en sociedades pluralistas.
En conjunto, estas “Cuatro R” buscan configurar una autoridad política estatal que actúe como “ancla” central de la seguridad colectiva en un entorno pluralista. La meta sería cultivar una seguridad axiomática: la capacidad de vivir juntos de forma segura y confiada con el riesgo, reconociendo la vulnerabilidad mutua y confiando en los conciudadanos y las instituciones sociales. Si bien los medios institucionales específicos variarán según la historia, la cultura y la trayectoria social de cada sociedad, la aplicación de estos principios es fundamental para civilizar la seguridad. Loader y Walker argumentan que la implementación de estas “cuatro Rs” permitirían una gobernanza democrática de la seguridad, fomentando una solidaridad abstracta y confianza entre extraños. El resultado sería una “seguridad axiomática”, que es la capacidad de vivir juntos de forma segura y con confianza ante el riesgo, reconociendo la vulnerabilidad mutua y construyendo una cultura pública común.
Es, como ha debido quedar claro, un texto denso, a veces abstracto, y escrito en un lenguaje académico. Pero que, no obstante, recompensa al lector interesado en ir más allá del analisis puramente criminológico y enfrascarse en el debate sobre hacia donde caminar, un tema que, de forma reiterada, abordaremos en este blog.